Artculo

* Versión actualizada del artículo aparecido en la revista PERSPECTIVAS PSICOLOGICAS. Año 9 - Nº Especial Junio. 1997

En la práctica cotidiana para poner en marcha cualquier Programa de Prevención de las Drogodependencias parece necesario disponer de los siguientes elementos: a) un presupuesto específico, b) un grupo de profesionales más o menos fogueados, aunque sea en asistencia, c) unos materiales formativos más o menos cerrados y d) un posible ámbito, institucional o social, de actuación que nos haya sido cedido, que este abandonado o para el que nos hayan reclamado los actores institucionales que poseen competencias en el mismo.

Si nos centramos, como síntoma, en los materiales habitualmente utilizados en la mayoría de los países, resulta muy evidente que una parte son meros materiales informativos presentados en forma más o menos didáctica, mientras que otros combinan la formación teórica y metodológica con la información sobre drogas. En todo caso, en estos últimos materiales, el espacio dedicado a la formación teórica y conceptual, suele ser menor que el espacio de las "prácticas concretas y bien delimitadas", lo cual no resulta extraño si tenemos en cuenta que la demanda, tanto de los profesionales como de los mediadores, suele formularse en términos de "que debo hacer", bien sea en el aula, con la familia, en la empresa o en la comunidad, para "prevenir el consumo de drogas", y lo demás, aquello a lo que se suele llamar "la teoría" puede ser "muy bonito" pero no es una "receta útil para trabajar".

Esto no es nada extraño si tenemos en cuenta que las metodologías más habitualmente utilizadas, en un enfoque definido como riguroso, para la Prevención de las Drogodependencias, se han construido sobre dos railes antagónicos, por una parte los resultados de investigaciones, esencialmente sociológicas, ubicadas en lo macro, que han descrito los perfiles generales de riesgo y por otro el modelo de los "programas de éxito", es decir evaluados positivamente, ubicados en lo micro, con orientaciones diversas pero una común raíz conductual, y que en general han sido realizados por departamentos universitarios en condiciones de control. Aparte sobreviven, tanto entre la Prevención Institucional como entre las Organizaciones Sociales, actuaciones orientadas ideológicamente, campañas de limpieza de imagen y diversos fundamentalismos de dudoso origen.

En tales condiciones "Prevención de las Drogodependencias" no es, ni puede ser, ni una técnica ni una metodología cerrada, definitiva o acabada, todo lo contrario sólo puede ser un programa de investigación, muy necesario sin duda, pero reciente, inmaduro y con pocos resultados contrastables.

Participar en un Programa de Prevención de las Drogodependencias supone por tanto formar parte de un programa de investigación lo que, en ningún caso, puede traducirse ni en términos de una metodología cerrada cuya aplicación producirá unos resultados previamente conocidos o esperables.

No existen, ni pueden existir, por tanto, ni manuales de instrucciones ni fórmulas mágicas, e incluso las prácticas o experiencias, sugeridas o aplicadas, son sólo experimentos que se justifican y son éticamente lícitos, porque en este particular momento histórico dan respuesta a las necesidades y demandas sociales al tiempo que incrementan nuestro conocimiento sobre el tema.

Tal situación real conlleva algunas consecuencias entre las que en este momento vamos a destacar tres:

Sin embargo, en la práctica llamamos Programas de Prevención de las Drogodenpencias a múltiples actuaciones, la mayor parte de ellas realizadas por profesionales con apoyo público, que prefieren plegarse a demandas e indicaciones operativas de responsables institucionales, obviando el hecho de que están trabajando en el Programa de Investigación "Prevención de las Drogodependencias". Tal ignorancia cobra un especial relieve cuando el programa incluye entre sus objetivos la dinamización social, el desarrollo de redes sociales y la puesta en marcha de iniciativas comunitarias para las que es tan imprescindible la presencia del profesional que diseña, organiza, incita, coordina y valora como la efectiva participación de grupos de ciudadanos que, desde una adecuada formación, actúan con gran autonomía en el seno del programa.

Un somero análisis de los diversas fases por las que han pasado, en España, las relaciones entre ciudadanos, profesionales e instituciones en la realización de programas de prevención de las drogodependencias nos permite captar como la propuesta de entender tales actividades como un "Programa de Investigación" es el marco teórico y metodológico más adecuado para garantizar su eficacia, continuidad y estabilidad.

Conviene aclarar, con el fin de situar mi propia posición que el análisis que sigue se ha realizado desde una doble óptica, por una parte como participante en los acontecimientos que se describen y por otra como analista de los mismos. En lo que he definido como la primera fase actué como activista de la "profesionalización" intentando conceptualizar el fenómeno de las drogas (Comas, 1984; Comas, 1985, Comas, 1986 y Aguado, Comas y Martín, 1986), más tarde, en la segunda fase, me implique directamente en el desarrollo de programas aunque ciertamente algunas publicaciones parecerían mantener la reflexión teórica (Comas, 1989; Comas, 1990; Comas, Espín y Ramírez, 1991; Comas, 1992 y Comas y Fernández, 1994), pero con alguna excepción (Comas, 1987), tales publicaciones se refieren en realidad más a los programas "desde dentro" que a una reflexión global sobre "la prevención de las drogodependencias".

Al llegar la tercera fase, aunque continúa mi implicación en los programas, las condiciones reales imponen de nuevo la reflexión global sobre la prevención de las drogodependencias (Comas, 1994), aunque es bien cierto que tal reflexión se ha visto limitada, o al menos mermada, por la consideración, muy subjetiva sin duda, de que determinados "análisis o constataciones" podían afectar negativamente a los profesionales que estaban trabajando, muchas veces en condiciones de extrema precariedad, en el tema. La prioridad central parecía ser la consolidación de los Programas de Prevención de las Drogodependencias y a objetivo se han sacrificado opiniones o críticas.

Pero, y su propia oportunidad es uno de los argumentos que va a desarrollar este texto, parece llegado el momento de reabrir un debate, que si bien nunca se cerró, permaneció, durante un cierto periodo y quizás equivocadamente, subordinado a la necesidad de consolidar las diversas intervenciones.

Para exponer con claridad los orígenes de la Prevención de las Drogodependencias en España no podemos pasar por alto un periodo previo que precedió a esta primera etapa y durante el cual la prevención fue sólo un simple deseo, pero un deseo que aunque se formuló en términos muy coherentes nunca se llego a satisfacer. De forma explícita manifestaron con claridad la necesidad de poner en marcha programas de prevención tanto los equipos profesionales de los dispensarios antialcohólicos del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, como el grupo técnico que preparó el famoso "informe" de 1973 (Comisión Interministerial, 1975).

La importancia de este periodo previo reside, aparte de otros motivos que no vienen al caso, en la posibilidad de reflexionar sobre la paradoja de que un proyecto, bien formulado por un grupo profesional muy competente y aparentemente apoyado por la administración no produjo ninguna consecuencia práctica. Es decir un colectivo con una buena capacidad técnica y un adecuado perfil institucional, planteó la necesidad de la prevención, definió prioridades objetivos y programas, que fueron aceptados por la administración, pero después, salvo algunas aisladas experiencias locales no pasó nada.

En realidad faltaba uno de los términos del polinomio que hace posible la puesta en marcha de Programas de Prevención: no existía ni interés ni demanda social, y como consecuencia, al margen de retóricas trascendentalistas, tampoco aparecía el menor interés institucional real hacia un fenómeno que el sistema político de la dictadura consideraba "un problema ajeno" a la sociedad española.

Se puede comprender así que cuando en los años 70 comienza el consumo de drogas ilegales en España y especialmente cuando, hacia 1977-78, se inicia una intensa epidemia de heroína por vía endovenosa, comienza una etapa caracterizada por la presencia de una opinión pública muy alarmada por lo que estaba ocurriendo con las drogas al tiempo que, al margen de declaraciones retóricas, persistía globalmente el desinterés institucional. En tales condiciones podemos hablar de la aparición de un movimiento social de respuesta hacia los problemas que ocasionaban las drogas.

Este movimiento transnacional (Ayres, 1997), cuyas primeras manifestaciones públicas en España se remontan a fines de 1978, estaba ya muy desarrollado en 1979 y apareció en un momento peculiar de la historia de nuestro país, cuando la mayor parte de los movimientos sociales, cuya incidencia había sido notable en la última etapa del franquismo y durante la transición democrática, entraban en crisis. Una crisis que suele explicarse por la priorización del objetivo político, en el que se vieron involucradas todas las organizaciones sociales, del logro de un sistema democrático y que, una vez alcanzado este objetivo, se produjo, a fines de los años setenta, una situación particular de desorientación (García de la Cruz, 1990), que además coincidió con una transformación general de los movimientos sociales en los países más desarrollados (Robbins, 1988), con posterioridad a la cual sólo mantuvieron su presencia aquellos movimientos sociales que fueron capaces de plantear, a la vez, objetivos acordes con la modernidad, una imagen de movilización comunitaria y una cierta capacidad para prestar servicios, y que pasaron a designarse, y a identificarse, con el logotipo de "nuevos movimientos sociales" (Alonso, 1991), entre los que, aunque pocas veces fue reconocido como tal, el "movimiento social contra las drogas", fue, con el feminismo y más tarde el ecologismo (Aguinaga, 1997), el más activo, o al menos aquel que movilizó a más ciudadanos.

En España el movimiento social contra las drogas, se caracterizó en su origen por la dispersión y la falta de coordinación, apareciendo articulado por los familiares de los jóvenes afectados, lo que explica la compleja variedad de su composición, la diversidad de su ubicación social e ideológica y la multiplicidad de respuestas que reivindicó o produjo. En todo caso el movimiento social de las drogas, que se inició hacia 1979, en menos de cinco años había alumbrado a casi trescientos centros asistenciales, de los cuales, más de tres cuartas partes habían sido creados directamente por organizaciones sociales, si bien es cierto que la mayoría de ellos con apoyo público, aunque también es cierto que la parte más sustancial de este apoyo lo prestaron los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, especialmente tras las primeras elecciones democráticas locales en 1979, mientras las administraciones central y autonómica seguían poco interesadas por el tema.

Obviamente el movimiento focalizó su interés hacia lo asistencial, pero no se olvidó totalmente de la prevención primaria, produciendo un gran número de iniciativas puntuales, como charlas, publicidad en vallas, proyectos de ocupación del tiempo libre de los adolescentes y "testimonios" para los medios de comunicación. Pero nos interesa poner en evidencia que un producto marginal del movimiento social contra las drogas entre 1979 y 1985 fueron los primeros Programas de Prevención de las Drogodependencias, los cuales con un cierto diseño técnico y protagonizados por profesionales, pusieron en marcha el "Programa de Investigación Prevención de las Drogodependencias", y aunque en todo caso, como muestran las recopilaciones realizadas sobre dicha época, lo que llamaríamos actualmente "verdaderos programas" eran muy escasos, lo cierto es que fue el movimiento social contra las drogas y no las instituciones los que pusieron en marcha en España el "Programa de Investigación Prevención de las Drogodependencias". Pero no sólo esto, en estos mismos seis años, se produjo un absoluto silencio de los responsables del sistema educativo en relación a la Prevención de las Drogodependencias, a pesar de que la mayoría de iniciativas, incluidas todas las acciones poco aconsejables, del movimiento social contra las drogas se realizaban en el seno de la comunidad escolar.

Tampoco podemos obviar que aunque los profesionales trabajaban mayoritariamente para organizaciones del movimiento social contra las drogas, en realidad los objetivos de ambos eran muy distintos, como muestra el cuadro adjunto, lo que rapidamente les condujo al conflicto. En la primera parte del conflicto los movimientos sociales dominaban la escena pero justamente la primera fase que venimos describiendo concluyó cuando los profesionales, apoyados por las instituciones, consiguieron imponer sus criterios.

Otro elemento a tener en cuenta es que a todos aquellos profesionales que se han incorporado al ámbito de los programas asistenciales y preventivos con posterioridad a 1986, sobre la etapa anterior sólo se les ha transmitido una imagen negativa, aunque ciertamente bastante exacta, de iniciativas descontextualizadas, sin ningún rigor, meramente informativas, sin evaluar y una parte de ellas directamente contrapreventivas, lo que tampoco debe extrañarnos si consideramos que los movimientos sociales por sí sólos suelen carecer de "direcciones técnicas", aunque, en compensación, el grado de participación social suele ser muy alto, descendiendo al mismo ritmo al que crece la "dirección técnica" del movimiento.

MOVIMIENTOS SOCIALES	PROFESIONALES
OBJETIVOS MAXIMALISTAS Una sociedad sin drogas Una sociedad abstemia	OBJETIVOS MESURABLES Reducir el consumo global Incrementar el número de abstemios Potenciar el control del consumo Reducir incidencia problemas asociados
UNA CULTURA DEL "RECHAZO" A LAS DROGAS SIN PROPICIAR OTROS CAMBIOS CULTURALES	GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS CULTURALES
INCIDIR DIRECTAMENTE SOBRE LA CONCIENCIA SOCIAL	INCIDIR A TRAVES DE MEDIADORES SOCIALES HACIA LOS GRUPOS Y SUJETOS DE RIESGO
DISCURSO OCLUIDO	DISCURSO ABIERTO

En todo caso lo que nadie parece haber trasmitido a los profesionales que se incorporaron al tema de las drogas en los últimos diez años, es que justamente este análisis crítico de los programas protagonizados por los movimientos sociales así como el diseño básico del "¿qué hacer?" en prevención fue, en aquel momento histórico, posible, porque los profesionales que habían puesto en marcha el Programa de Investigación Prevención de las Drogodependencias y las intervenciones vinculadas al mismo antes de 1986 (a través de entidades como APAT, EDEX, IGIA o GID), consiguieron este espacio de reflexión porque justamente se lo proporcionó el confuso y caótico movimiento social contra las drogas.

Es decir entre 1979 y 1985 se pusieron en marcha muchas iniciativas, la mayoría carentes de un mínimo rigor, y en ocasiones auténticas locuras, pero también se establecieron los parámetros básicos y una definición de Prevención de las Drogodependencias que es la que se sigue utilizando en la actualidad. Lo que equivale a afirmar que en los años siguientes no se ha vuelto a realizar un análisis crítico similar sobre la realidad de los Programas de Prevención de las Drogodependencias.

En este contexto, a mitad de los años 80, se inició en España una política de prevención institucional de las drogodependencias, aunque de entrada conviene aclarar que esta política no fue un elemento relevante en la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas, quizás porque la Prevención Primaria de las Drogodependencias careció, en una mayoría de ámbitos y niveles, de una dirección administrativa bien delimitada. Pero esta carencia no impidió que la prevención institucional llegara a englobar a casi la totalidad de "iniciativas sociales" en Prevención de las Drogodependencias.

La facilidad con la que dicho movimiento social, a la par que otros, se institucionalizó en España ha sido habitualmente atribuido, siguiendo el discurso teórico de una generación de relevantes autores, a un conjunto de factores que incluyen desde el argumento de la debilidad histórica de nuestra sociedad civil hasta el argumento del tradicional peso de los elementos institucionales en nuestra cultura católica y barroca. Sin embargo creemos que, sin menospreciar las peculiaridades históricas, la institucionalización de los movimientos sociales en España durante los años 80, responde esencialmente a procesos muy similares a los transcurridos en otros países europeos, relacionados con una serie de cambios ocurridos en todos los sistemas democráticos y sus Estados (Touraine, 1994; Laraña y Gusfield, 1994 y Habermas, 1988).

Volviendo al caso particular de las drogas, conviene detallar, en términos de contradicción, algunos elementos del proceso de institucionalización, tanto por mor a la fidelidad de unos acontecimientos que ya son parte de nuestra historia, como para mejorar nuestra comprensión de la presente situación.

Una primera contradicción se refiere al hecho de que, por una parte, se daba una representación social, formulada en términos de un discurso sociopolítico, claramente dominante en las administraciones públicas, la academia y los centros teóricos, que manifestaba que "la prevención, tanto la general (penal) como la especial (primaria y secundaria), es imposible y por tanto una tarea inútil" (Lamo de Espinosa, 1989), mientras que por otra parte la opinión pública, en el momento álgido de la epidemia de heroína, exigía con contundencia y por unanimidad "que se hagan cosas contra las drogas", lo que condujo a un llamativo consenso político, en el debate parlamentario sobre el Estado de la Nación de 1984, sobre el que se articuló la decisión política de aportar recursos y poner en marcha una serie de acciones entre las que aparecían los Programas de Prevención de las Drogodependencias. Tal contradicción fue especialmente patente en algunos departamentos de la administración, obligados a partir de 1985 por una decisión política inatacable a realizar programas en los que no creían.

Una segunda contradicción se refiere a la estrategia utilizada, seguramente la única posible en aquel momento, para poner en marcha los diferentes programas de carácter institucional, así por una parte, para diseñar los procedimientos, se recogieron las aportaciones de las experiencias realizadas en la primera fase, forzándolas para que se adquirieran el carácter de modelos operativos de base institucional y por otra, para soslayar los impedimentos de administraciones reacias, se optó por la creación de un sistema de financiación peculiar, que al margen de los sistemas normalizados de financiación del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, suponía la aparición de un sistema paralelo de distribución de recursos públicos, administrado por la Delegación del Gobierno para el PNsD y ejecutado por otros departamentos o niveles de la administración.

Como síntesis de ambas contradicciones podemos hablar de una tercera, especialmente visible en la práctica cotidiana de una mayoría de programas de prevención primaria, relacionada con el carácter incompleto y blando de la propia institucionalización. Se trata, en una parte sustancial, de programas sin estabilidad presupuestaria, con personal a tiempo parcial y contratos temporales, con notables divergencias entre los objetivos enunciados y las prácticas realizadas, sin análisis previo de la realidad y sin evaluación de procesos o resultados, que sin embargo suelen utilizarse muy eficazmente como proyección pública de las actividades municipales o autonomícas.

Una cuarta y última contradicción se refiere al importante papel desempeñado por una serie de entidades privadas, cuya posición estructural, ha posibilitado, paradójicamente, la continuidad que las propias administraciones públicas no podían proporcionar a sus propios programas.

Sin embargo, a pesar de todas estas contradicciones, el perfil institucional de la prevención primaria de las drogodependencias se ha mantenido con un extraordinario vigor, quizás porque la institucionalización se realizó en los términos, -ciertamente de forma más implícita que explícita-, del formato teórico del "cambio planificado"(Lippit, Watson y Westley, 1970), lo que en el caso de España implica, tal como define la propia Constitución, una dirección precisa de las administraciones públicas, las únicas que tienen capacidad y competencias para planificar este cambio.

Desde esta perspectiva podemos interpretar la evolución de que los recursos financieros destinados a prevención entre 1986 y 1996, que crecieron de forma continua hasta alcanzar los 3.500 millones de pesetas, y el 30% del conjunto de recursos destinados a drogas, en 1990, y comenzaran a descender a partir de esta fecha, hasta situarse en la actualidad en unos 2.000 millones de pesetas y un 12% de los recursos totales (Delegación del Gobierno para el PNsD, 1986-1995). La primera fase, en los 80, en la que los recursos crecen se corresponde con el esfuerzo de institucionalización, con la intención de "poner orden e integrar" los programas de prevención, creados desde el movimiento social de las drogas antes de 1985, la segunda, fase, en los 90, cuando los recursos financieros comienzan a descender por restricciones presupuestarias, se corresponde, una vez lograda la institucionalización, con la mera planificación administrativa de actividades que justifican las competencias asumidas o promocionan a sus protagonistas.

En este nuevo contexto la lógica preventiva se sustituye por una lógica administrativa, que deja de valorar la eficacia social y se limita a valorar exclusivamente la implantación del programa, ¿cuántos participantes? en vez de ¿en qué condiciones? ¿con qué interés participan los ciudadanos? o ¿cómo ven modificadas sus percepciones?, al mismo tiempo se tiende a exagerar el papel del diseño de la programación, como una especie de respuesta a las carencias técnicas de los programas iniciados por el movimiento social de las drogas, con lo que quizás se pretende enmascarar la cada vez menor tasa de participación social, tendencia de la que apenas se escapan media docena de programas en todo el ámbito nacional, lo que no deja de ser paradójico cuando el objetivo real es la mera participación social.

En todo caso se podría alegar, que esta visión es el resultado de una evidente idealización, que sólo manejan, y mantienen, los profesionales que trabajaron con el movimiento social contra las drogas, los cuales no han sabido ni entender, ni adecuarse, ni interpretar las dificultades de la práctica cotidiana de la prevención institucional. Ciertamente no se trata de una alegación equivocada, todo lo contrario, refleja una clara realidad, la prevención institucional de las drogodependencias existe porque un movimiento social creó la conciencia de su necesidad, construyendo una identidad de la que se ha apropiado la prevención institucional (Hunt, Benfort y Snow, 1994), la cual, en la etapa de la planificación administrativa ya no necesita ninguna conciencia, porque tiene su propia identidad, sus propios objetivos y poder para implantarlos.

En este sentido la planificación administrativa no necesita ningún tipo específico de conciencia o de identidad, no necesita alma sólo presupuestos, pero desde luego para lograr cualquier objetivo en la prevención primaria de las drogodependencias la conciencia de la realidad aún resulta imprescindible, es más, la prevención primaria de las drogodependencias sólo puede ser, en una gran medida, un determinado tipo de conciencia frente a las drogas.

Con tales afirmaciones no se trata de negar la planificación y mucho menos el diseño operativo, que queda avalado por el propio trabajo personal realizado en el último decenio, así como por el continuo rechazo a las formas corruptas, ciegas y demagógicas de movilización social (Comas, 1997), sino que se trata de evidenciar, simplemente, el cascarón vacío de una prevención institucional sin identidad, sin una clara conciencia de sus objetivos sociales, amén de las consecuencias negativas, antipreventivas diríamos, que puede producir una situación similar. La pregunta será entonces ¿cómo dotar de conciencia e identidad a la prevención institucional de las drogodependencias?.

Hasta muy recientemente, la investigación científica parecía consistir en una serie de acontecimientos mágicos e inefables que sólo "ocurrían" en lejanos laboratorios, los cuales funcionaban al margen de las normas de la vida cotidiana, asimismo los movimientos sociales se concebían sólo como manifestaciones propias de la sociedad civil en abierta oposición a las estructuras institucionales del Estado.

En el momento en el que el sistema democrático ha comenzado a realizarse tras andar doscientos años por el laberinto de la modernidad, y aunque es muy poco lo andado, el inaccesible castillo de la supuesta "ciencia pura", al igual que otros castillos, se ha venido abajo y la investigación científica se está convirtiendo, aunque demasiado lentamente, en un proceso social natural que depende de otros procesos sociales (Wolgar, 1991). Al tiempo que la ciencia se democratizaba los movimientos sociales se iban institucionalizado en mayor o menor grado, dependiendo de la apertura democrática de cada sistema político en particular.

Mirando hacia el futuro, no parece posible que la "ciencia" vaya a recuperar la inaccesibilidad decimonónica, ni tampoco parece posible que los movimientos sociales vayan a adoptar su viejo perfil antisistema. Los mitos de la modernidad, tanto la razon como la revolución, pueden mantenerse, pero la experiencia histórica nos obliga a reconducirlos hacia el territorio de la gestión democrática (Sztompka, 1990). Un territorio en el que se pone en práctica el Programa de Investigación Prevención de las Drogodependencias.

En este sentido tradicionalmente se venía interpretando que los movimientos sociales se conformaban al margen o incluso contra el Estado, siendo la autonomía de la sociedad civil un artículo de fe tanto para analistas como para activistas, lo que no deja de ser cierto tanto en situaciones en las que faltaba la democracia, como en la España de la dictadura, como ante modelos sociales rígidos o ideologías dogmáticas (Haber, 1997). Pero los sistemas políticos democráticos están aprendiendo, tanto por la lógica burocrática, como por la lógica del mercado, por la lógica mediática y por la lógica electoral, que la garantía de éxito para cierto tipo de proyectos institucionales sólo la ofrece la participación autonoma de los movimientos sociales (Haber, 1997).

Obviamente si los movimientos sociales pasan a ocupar este lugar, el cambio de paradigma nos obliga a una visión más compleja de su sentido, significado y actividades, porque, de una parte, influyen sobre las instituciones y de otra les prestan servicios e imagen política, asimismo, de una parte son un ejercito de reserva de mano de obra barata y de otra estructuras socialmente activas y revindicativas, lo que las conduce a una situación de interdependencia, para la que el eje de la capacidad de decisión coincide con el eje de la conciencia situacional (Bernal, 1992).

Para entender esto vamos a utilizar el esquema utilizado para el análisis de un movimiento social muy relacionado con el movimiento social de las drogas, el de los accidentes de tráfico bajo la influencia del alcohol (McCarthy, 1994), el cual explica no sólo como se produce este proceso de institucionalización, sino el papel que deben desempeñar en el mismo una serie de nuevas figuras, entre los que vamos a destacar tres:

Primero los actores estatales independientes, que van surgiendo en un formato de Estado más plano, menos jerárquico salvo en lo presupuestario, en el que aparecen multiples agencias o unidades muy autosuficientes, en el contexto de límites políticos predeterminados pero cambiantes y complejos.

Segundo los activistas independientes, con un ámbito de referencia definido, un buen perfil y funciones aceptables de liderazgo y mediación, con capacidad de innovación y una buena relación técnico-personal con los actores estatales independientes.

Tercero los medios de comunicación interesados porque cuentan con un grupo de cargos públicos bien informados, -y que producen datos-, una amplia reserva de víctimas y afectados capaces de trasmitir la emoción y el dolor, así como una serie de intereses amenazados cuyas declaraciones pueden producir polémicas y debates.

¿En realidad de qué estamos hablando? pues básicamente de redes sociales de las que forman parte relaciones interpersonales ya constituidas, con un gran potencial de identidad y un marco de referencia compartido. Algo que sin duda poseen los sistemas administrativos por sí mismos, aunque lógicamente para perseguir sus propios fines. Pero en tales condiciones ¿podemos conformar una definición autónoma de la prevención institucional de las drogodependencias en la segunda mitad de los años 90?, pues ciertamente sí, si somos capaces de plantearla, y manejarla, como un Programa de Investigación, que por obvias razones epistemológicas deben desarrollarse en los propios programas de prevención primaria, pero que lógicamente debe ser apoyado por los mecanismos de la planificación administrativa.

Pero este es un esquema que no debemos confundir ni con la "agenda liberal" que preconiza "la santa alianza entre el mercado libre y las benéficas ONGs", para congelar el progreso humano en un modelo de libre mercado, en el que la beneficencia corrige o compensa algunas desigualdades escandalosas (Dahrendorf, 1990). Ni tampoco debemos ser ingenuos imaginando que los nuevos movimientos sociales representan un renacer del altruismo que vienen a paliar espontáneamente los desajustes, desigualdades y problemas que genera el mercado (Giner y Sarasa, 1996). Más bien el esquema nos habla de un óptimo de libertades en el que formalmente se deben "introducir desigualdades para favorecer a los más desfavorecidos" (Rawls, 1971) porque el sistema no puede legitimarse por el objetivo de una mayor libertad sino por el logro de un mayor nivel de justicia.

En el caso de la prevención primaria de las drogodependencias, en el contexto de la exigencias de la globalización y de las inmensas desigualdades que producen pequeñas diferencias en los procesos de socialización, la justicia ligada a "una idea fuerte de lo razonable" (Rawls, 1993), implica necesariamente una "gestión democrática de los programas y de las intervenciones" (Beck, 1996), lo que a su vez supone preservar la existencia de un movimiento social real en el que convivan actores estatales y activistas independientes con medios de comunicación interesados (Hegedus, 1989), así como un proceso abierto de investigación que reflexione permanentemente sobre los avances logrados y sobre las necesidades futuras. Un movimiento sometido a la paradoja que supone vivir en una sociedad de mercado que la propia constitución española define en su artículo primero como "un Estado social y democrático de Derecho". Una paradoja que parece distorsionar el lugar, papel y objetivos de los movimientos sociales pero que realmente les ofrece la posibilidad de obtener una identidad tan fuerte como la del propio Estado (Alexander, 1997).

En todo caso, resulta obvio que, al menos en parte, tanto la viabilidad de la autoreflexión como la definición de su misión así como la autonomía del movimiento social, dependen de la actitud que tomen algunos actores estatales. En el caso de que opten por la mera planificación administrativa y no apoyan suficientemente el programa de investigación, la posibilidad de reflexionar parece complicarse. Pero frente a esta vieja actitud, que preserva a las instituciones como meras reproductoras de las jerarquías sociales, se va abriendo paso la imagen de las instituciones como responsables de la gestión de problemas y riesgos. Lo que a su vez conduce a un nuevo tipo de Estado que, al menos en los países desarrollados, se caracteriza por el gran número de actores y agencias, que se multiplican en los diversos niveles de la administración y en los diferentes departamentos de cada nivel, y que está generando un tipo novedoso de competencia interadministrativa, de la que saldrán "vencedores" aquellos que establezcan una buena, e indudablemente nada sectaria, cooperación con los movimientos sociales y con los activistas independientes (Sztompka, 1990).

En el ámbito de prevención de las drogodependencias la existencia de una serie de entidades sociales y profesionales, mucho más estables que los propios programas institucionales, parecen hacer especialmente aconsejable esta cooperación, y factible la predicción de éxito o fracaso de los actores estatales, según sean capaces de colaborar más o menos, peor o mejor, con las entidades sociales. Aunque también es cierto que todo esto parece que va a depender del grado de conciencia que cada uno de ellos vaya adquiriendo en torno a este nuevo paradigma en la relaciones entre ciudadanos, profesionales, instituciones, programas de investigación y movimientos sociales.

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